La sentencia es notificada a las partes el 29 de Noviembre de 2013.
El cliente, un portero de finca privada con estudios básicos y 76 años de edad ve revocada la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 9 de la ciudad del Tormes.
Es la primera sentencia hasta la fecha emanada de una Audiencia Provincial sobre la comercialización de la famosa emisión de Preferentes de Caja Madrid 2009. Las mismas que están día tras día ocupando papel, tinta, links, programas de televisión y sobre todo dando tremendos disgustos a sus tenedores.
Parece ser que el hecho de haber tenido preferentes de Endesa (También comercializadas intensamente por Caja Madrid en el pasado) y de haber rubricado toda la documentación (Incluido ese documento de un párrafo en el que someramente se describen algunos riesgos) han sido los fundamentos principales para quitar la razón al cliente y al Juez de la Primera Instancia.
La sentencia no es tan rotunda al imponer las costas, ya que no hace expresa imposición en ninguna instancia apreciando dudas de hecho y Derecho por la especial complejidad del asunto, dice.
No hemos presenciado o leído las pruebas, pero si nos hemos encontrado muchas veces con personas que tenían preferentes de Audasa, Aucalsa, Endesa, o emisones anteriores la propia Caja Madrid como las de 1999 o las de 2004.
Todas ellas fueron comercializadas también por la propia entidad con anterioridad, como consta en los manuales comerciales.
Ya sabemos que en los juicios de nulidad no se está juzgando el producto ni su la masiva emisión supuestamente fraudulenta, pero tampoco se puede ignorar la realidad social de este producto, y eso también es Ley. Ley y espíritu. Además, las pruebas que rodean a estos asuntos, sobre emisión por encima de los ratios permitidos, malas prácticas en los test, desconocimiento de las calificaciones, falsedad de la irrevocablidad, y ese largo etcétera de pruebas de la CNMV o del Defensor del Pueblo deberían dejar en anécdota las demandas no estimadas.
Quizá transmitir ese merecido mensaje de implacabilidad a las entidades financieras forzara acuerdos más económicos para todos que estos pleitos, y de paso libraría a los jueces de esta pesada tarea que es para ellos atender al ciudadano en un momento de excepción y especial necesidad, ya que no tienen otro camino digno que acudir a la Justicia.